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Por Abraham Katime
El debate entre el presidente Gustavo Petro y Camacol sobre el aumento del precio de la vivienda VIS no es ideológico: es técnico, jurídico y de diseño de política pública.
El debate entre el presidente Gustavo Petro y Camacol sobre el aumento del precio de la vivienda VIS no es ideológico: es técnico, jurídico y de diseño de política pública.
Camacol advierte que el control de precios:
- Generaría riesgos jurídicos, al afectar la libertad económica y la seguridad jurídica.
- Reduciría la oferta de vivienda, desincentivando nuevos proyectos.
- Pondría en riesgo el acceso efectivo a la vivienda, especialmente para los hogares más vulnerables, al encarecer o frenar la producción.
Estos argumentos merecen ser analizados con rigor, pero no pueden evaluarse al margen de la evidencia económica y del diseño actual del mercado de vivienda social.
Desde una perspectiva técnica, el presidente acierta en varios puntos clave:
1. Indexación al salario mínimo (SMMLV)
Es discutible —por decir lo menos— que el precio de la vivienda VIS se ajuste automáticamente al salario mínimo cuando los costos laborales representan, en promedio, cerca del 20% del costo total de construcción. Indexar el 100% del precio a una variable que explica solo una fracción del costo introduce distorsiones y traslada riesgos macroeconómicos al comprador final.
2. Venta en pesos fijos y certidumbre contractual
La propuesta de vender vivienda en pesos constantes desde la promesa hasta la escrituración no es populismo: es una medida básica de protección al consumidor. Hoy, los hogares asumen una incertidumbre que no controlan y que erosiona la confianza en la política de vivienda.
3. Tope real a la vivienda verdaderamente popular
Elevar indefinidamente el techo de la VIS puede mejorar márgenes, pero desnaturaliza la política pública. Un tope cercano a 135 SMMLV busca reenfocar los subsidios y el suelo urbano hacia la población con mayor déficit habitacional, evitando que los incentivos públicos terminen subsidiando segmentos medios o cuasi-comerciales.
4. Subsidios y control de prácticas abusivas
Los subsidios son recursos públicos. Condicionarlos a comportamientos razonables de precios no es una sanción arbitraria, sino un principio básico de eficiencia y control del gasto público. La intervención de la SIC, si hay indicios de prácticas abusivas, es una obligación institucional, no una amenaza.
En síntesis:
El verdadero riesgo no es discutir límites al precio de la vivienda social. El riesgo real es seguir sosteniendo un modelo donde los subsidios se capitalizan en precios, el suelo se especula y el déficit habitacional persiste.
La política de vivienda debe equilibrar oferta, rentabilidad razonable y función social del suelo y del hábitat. Cuando ese equilibrio se rompe, la intervención estatal no solo es legítima: es necesaria.
